Exclusión digital en los sistemas de IA del gobierno británico, afecta a 2,4 millones de personas
La transformación digital del sector público en el Reino Unido avanza con fuerza. Desde la automatización de procesos administrativos hasta la toma de decisiones mediante inteligencia artificial (IA), muchos servicios esenciales ahora dependen de sistemas digitales. Sin embargo, en medio de esta innovación, surge una preocupación silenciosa pero urgente: millones de ciudadanos están siendo excluidos de los beneficios —y hasta de los derechos— que promete esta revolución tecnológica. El motivo: la exclusión digital.
Un problema que no es nuevo, pero sí más grave
La exclusión digital no es un concepto nuevo. Se refiere a la brecha entre quienes tienen acceso, habilidades y confianza para usar la tecnología, y quienes no. Lo preocupante es que, en pleno auge de la IA en el sector público, esta brecha se está ensanchando.
Según datos del Parlamento británico, más de 2,4 millones de personas en el Reino Unido aún no pueden completar tareas digitales básicas como enviar un correo electrónico o rellenar un formulario en línea. Además, alrededor de 1,7 millones de hogares no cuentan con conexión a internet, ni móvil ni fija. Para un país con ambiciones de liderazgo digital, estas cifras son alarmantes.
IA sin inclusión: un cóctel peligroso
Cuando la inteligencia artificial se utiliza en procesos administrativos —como asignación de beneficios sociales, análisis de fraudes, atención médica o inmigración—, la exclusión digital se convierte en un riesgo estructural. No solo se trata de tener o no acceso a un computador. Se trata de si una persona podrá apelar correctamente una decisión algorítmica, entender por qué su solicitud fue rechazada o simplemente comunicarse con una agencia pública.
Las organizaciones de derechos digitales han documentado casos en los que ciudadanos con discapacidades, adultos mayores o personas con bajo nivel educativo han sido perjudicados por sistemas automáticos opacos. Algunos no pudieron acceder a beneficios sociales simplemente porque no sabían que debían revisar su bandeja digital del gobierno. Otros fueron evaluados por algoritmos que, sin querer, discriminaban por geografía, raza o situación socioeconómica.
La transparencia brilla por su ausencia
Una de las promesas de la IA en el sector público es mejorar la eficiencia. Pero si esa eficiencia se construye sobre la base de datos incompletos o sesgados, el resultado puede ser más injusticia, no menos. Aquí es donde la transparencia se vuelve crítica.
El gobierno británico ha lanzado un “registro de algoritmos” para los sistemas usados en el sector público, pero hasta ahora solo contiene nueve entradas, y no incluye herramientas utilizadas por el Ministerio del Interior (Home Office) o el Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP), dos de las agencias que más usan IA. La falta de información sobre cómo se toman decisiones automatizadas impide a los ciudadanos defender sus derechos y contribuye a un clima de desconfianza.
Grupos más afectados: siempre los mismos
Quienes más sufren esta exclusión digital son, como suele ocurrir, los grupos más vulnerables: personas mayores, migrantes, desempleados, personas con discapacidades, comunidades rurales. No tienen dispositivos adecuados, ni alfabetización digital suficiente, ni una red de apoyo para ayudarles a navegar en este nuevo entorno digital. Lo irónico es que son también quienes más necesitan servicios públicos.
Una organización benéfica que trabaja con personas ciegas en el Reino Unido denunció recientemente que muchos de sus usuarios no pueden interactuar con las interfaces digitales diseñadas por el gobierno. Sistemas que no contemplan accesibilidad básica se convierten en muros invisibles.
¿Y la estrategia del gobierno?
Aquí es donde el panorama se vuelve más preocupante. El Reino Unido no ha actualizado su estrategia nacional de inclusión digital desde 2014. Sí, hace más de una década. A pesar de las advertencias del Parlamento y de las organizaciones civiles, el gobierno ha evitado establecer una unidad específica para abordar la exclusión digital, alegando que es una responsabilidad compartida entre departamentos.
Sin liderazgo claro, sin presupuesto dedicado y sin un plan actualizado, es difícil creer que se podrán cerrar estas brechas justo cuando más se amplifican con la automatización y la IA.
Un llamado urgente: que nadie se quede atrás
No se trata de oponerse a la inteligencia artificial en los servicios públicos. Se trata de implementarla con justicia. De asegurarse de que la tecnología no refuerce las desigualdades existentes. Y sobre todo, de garantizar que el progreso tecnológico beneficie a todos, no solo a quienes ya tienen los medios para navegarlo.
Las recomendaciones son claras:
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Actualizar la estrategia nacional de inclusión digital con metas concretas y evaluables.
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Garantizar acceso gratuito o subsidiado a internet y dispositivos básicos.
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Incluir estándares obligatorios de accesibilidad en todos los sistemas digitales públicos.
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Crear mecanismos de apelación humanos para decisiones automatizadas.
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Publicar todos los sistemas de IA utilizados en el sector público y someterlos a auditorías independientes.
El futuro digital del Reino Unido está en marcha. Pero si no se toman medidas pronto, corremos el riesgo de construir un sistema moderno… para unos pocos.
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